Matías Bakit R.

Cuando el año pasado la Presidenta Bachelet dio el vamos a la Agenda de Probidad, para terminar con los problemas de falta de transparencia y atacar los focos de corrupción en el aparato público, probablemente nadie pensó que ésta llegaría tan lejos.

En esos momentos, la posibilidad de que surgieran nuevas leyes, nuevos castigos y, principalmente, todo un aparato de control, era impensable. Pero hoy es una realidad que, en algunos casos, replanteará la vida política del país.

El primer paso es, según Rafael Blanco, ex secretario ejecutivo de la Agenda de Probidad y Transparencia, "la capacitación en probidad y transparencia a todos los que trabajan en el servicio público y a todos los que ingresan". El abogado agrega que la idea es que "entiendan cuáles son los problemas con los que se pueden topar, y evitar así que en un momento digan que cometieron un error sin saber".

Esta iniciativa, que ya está aprobada pero aún debe pasar por una revisión presupuestaria, es la pionera antes de la promulgación de una serie de siete medidas que buscan renovar totalmente el sistema de control y sanción de actos reñidos contra la transparencia y probidad. Tres de ellas ya están listas para implementarse, faltando sólo su publicación en el Diario Oficial.

Protección, consejo y lobby

A fin de mes entrará en vigencia el sistema de protección a los funcionarios públicos que denuncien casos de corrupción. Además de vigilar la persecución de la que pueden ser víctimas los denunciantes, la idea es evitar cualquier tipo de abuso. Es así como no se podrá tocar de ninguna forma a alguien que denuncie un caso de corrupción. "Será imposible trasladarlo, evaluarlo o despedirlo mientras dure la investigación", dice Blanco.

Otra de las medidas que el abogado destaca, y que debiera estar en funcionamiento en las próximas semanas, es la ley marco de acceso a la información de carácter público. "La principal novedad de esto es que los funcionarios públicos estarán obligados a entregar la información que se les solicite en un plazo máximo de 20 días. Los que no lo hagan se expondrán a sanciones que van desde multas a la suspensión del cargo", explica Blanco.

El único problema de esto es que "no existe aún una regulación reglamentaria sobre cuánto tiempo debe estar la información en internet, aunque debe haber registros históricos".

El encargado de ver que todo esto se cumpla será el Consejo de Transparencia, con plenos poderes para vigilar y sancionar a los funcionarios públicos, desde el menos importante hasta los ministros de Estado. Estará formado por cuatro miembros elegidos por la Presidenta y aprobados por los dos tercios del Senado, quienes estarán seis años en el cargo. Ellos, a su vez, elegirán al presidente, que ostentará esa posición por un año.

Según Blanco, la idea es que la entidad funcione como un órgano vigilante y coordinador de todas las medidas pro transparencia, con una autonomía y poder similares a la Contraloría, aunque con posibilidades de coordinarse con ésta en caso de necesitarse una investigación.

Pero la medida que más dolores de cabeza causará -y no sólo al sector público- es, probablemente, la nueva Ley del Lobby, que busca regular las reuniones y negociaciones entre el Gobierno y los privados. Desde fines de este mes, todas las empresas de lobby de Chile deberán inscribirse y tipificarse como "lobbistas", aunque a muchas no les gusta la idea. "Incluso las entidades que no trabajan en ese ámbito deberán declarar siempre en sus sitios web cuando contraten a alguna empresa que sí lo haga", sostiene Blanco. Asimismo, todo funcionario público que reciba a un lobbista deberá declararlo en su sitio web, así como el tema de la reunión y todos los detalles de ésta.

Ante tanto control... ¿cuáles son los límites? Según Blanco, "los temas de seguridad nacional, la protección de los derechos de las personas y los temas de interés internacional. Claro que todo esto será evaluado caso a caso por el Consejo".

En qué están las siete medidas:

Las nuevas exigencias de probidad

Protección a funcionarios públicos que denuncien actos de corrupción:

Estará en funcionamiento a fin de mes.

Ley de acceso a la información y Consejo de Transparencia:

Sólo falta su publicación en el Diario Oficial, lo que sucedería a fines de marzo o principios de abril. Luego, la Presidenta deberá elegir a los consejeros.

Ley de Lobby:

Aprobada, sólo falta su publicación, que se espera para los primeros días de abril.

Ampliación de la Alta Dirección Pública:

La idea es aumentar los poderes de esta entidad que, según Rafael Blanco, "ha demostrado ser altamente eficiente y transparente a la hora de nombrar a diferentes personas en importantes cargos públicos". Actualmente el proyecto debe ser aprobado en la Cámara de Diputados. La idea es que esté listo durante 2008.

Proyecto de Ley para regular el gasto electoral:

Aunque ha mejorado el acceso a los gastos en época de elecciones, se considera que hay cosas a modificar, principalmente para optimizar la capacidad de control sobre lo que se gasta. Actualmente debe ser debatida en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados.

Reformas Constitucionales:

Durante este año, se espera la aprobación de un paquete de reformas relacionadas con transparencia y probidad. Entre ellas están la publicación obligatoria de las declaraciones de patrimonio, la clarificación del sistema de primarias de los partidos políticos, la reforma a la Contraloría y la Ley de Fideicomiso Ciego. Todas están en diferentes etapas de negociación.

Perfeccionamiento de auditorías:

Se busca aumentar el poder de los auditores en los diferentes ministerios, dándole al cargo un estatus jurídico que hoy no tiene. El proyecto está en la Cámara.