La siguiente es una columna de Jaime Alé, Presidente de la Comisión de Reforma del proyecto País, del colegio de Ingenieros. La publicamos para ver cual es su opinión al respecto.

Existen más de 200 ciudades en el mundo con un PIB mayor que el nuestro. Chile tiene la misma cantidad de habitantes que la ciudad de Sao Paulo y una superficie continental algo mayor que el Estado de Paraná en Brasil. A esa realidad debemos agregar el gran desarrollo de nuestros sistemas de transportes y telecomunicaciones, que equivalen a haber acortado sustantivamente la longitud de nuestro país y por ende, las formas de relacionarse entre las autoridades nacionales y locales. Debemos reconocer, por tanto, que la organización del Estado, y sus sistemas de administración, deben ser coherentes con estas realidades y proyectarse hacia un Chile del 2010, muy distinto al de 1850 o de 1980.

¿Cómo debería ser el diseño de nuestro aparato de administración nacional, regional y local? El estudio que ha estado realizando la Comisión Reforma del Estado dentro del Proyecto País del Colegio de Ingenieros, ha buscado, precisamente, delinear las bases conceptuales de una macroestructura y formas de funcionamiento que permitan al Estado fortalecerse para un mejor desempeño, cumplir sus objetivos, y por su enorme influencia sobre la asignación de recursos en la sociedad, optimizar su contribución a un desarrollo acelerado, integral y sustentable del país.

Para cumplir estos propósitos y utilizando la metodología de Balanced Scorecard, se concluyeron cuatro áreas de acción para el Estado:

a)Ofrecer condiciones favorables a la calidad de vida de la población;

b) contribuir al desarrollo de actividades productivas;

c)promover una óptima asignación de recursos en la economía para acrecentar el valor de su trabajo y el de sus activos;

d)utilizar en forma eficiente los recursos que la comunidad le proporciona.

Los Procesos Internos necesarios para lograr los objetivos en estas áreas de acción son:

Para elevar la calidad de vida de la población

• Mejorar la coordinación entre los Ministerios del Área Social

• Aumentar la focalización del Gasto Social,

• Mejorar la administración de servicios,

• Asegurar, con igual trato, la calidad de los servicios provistos tanto por el Estado como por organizaciones sin fines de lucro y empresas.

• Mejorar la seguridad de la población y sus bienes.

Para asegurar condiciones favorables al desarrollo de las actividades productivas y a una buena asignación de recursos.

• Promover el ahorro nacional y la estabilidad en los ingresos fiscales, sobre la base de un sistema de impuestos al gasto.

• Racionalizar el sistema impositivo y el cobro de servicios estatales y municipales y de los servicios concesionados.

• Generar condiciones favorables a la inversión y la creación de empleos

• Mejorar la calidad de la infraestructura y de la planificación urbana

• Mejorar la formación de profesionales y técnicos frente a los desafíos de la globalización y formular políticas de inmigración que atraigan talentos

• Promover la investigación científica y tecnológica en áreas claves

• Perfeccionar la integración con el exterior, física, comercial, de servicios, financiera y tributaria.

Para mejorar la efectividad de la Gestión Pública:

• Reducción del ámbito de control de la Presidencia a través de un proceso gradual que comience con la creación del cargo de Secretario de Estado, con la misión de reunir y coordinar una serie de ministerios y funciones complementarias, y así, en un periodo de 2 a 4 años, ir reorganizando adecuadamente de manera de generar sinergia y evitar duplicaciones.

• Optimizar la organización y la coordinación de las distintas entidades del Estado

• Redefinir el rol y número de regiones, fortaleciendo el rol de los municipios y los servicios públicos nacionales.

• Descentralización de las actividades operativas del Estado.

ESTRUCTURA DEL EJECUTIVO

La actual estructura es inorgánica y confusa. Existe repetición y/o ambigüedad de funciones. La organización del Gobierno parece obedecer más a decisiones parciales y a intereses e iniciativas sectoriales contingentes, que a una visión estratégica y coherente. Su rediseño debe realizarse reconociendo la existencia de diversos tipos de funciones, que requieren organizaciones diferentes, tanto, que diversas entidades cumplen roles que pueden tener intereses sanamente contrapuestos, como ocurre con las entidades productivas o de servicios y las de fiscalización.

Entre los distintos tipos de entidades que funcionan dentro del Estado pueden distinguirse los siguientes:

a) Gobierno. Este es elegido por la ciudadanía para llevar a cabo sus planes de acción y sus planteamientos doctrinarios. Obedece a inquietudes transitorias de la población que lo elige. Se radica en la Presidencia y las cúpulas –gabinetes y equipos asesores– de las Secretarías de Estado, Ministerios y Subsecretarías.

Debe formular programas de acción y proponer cambios legislativos. Requiere flexibilidad presupuestaria y de personal para ejercer sus funciones, que tienen un carácter estratégico y de alta dirección.

Sin embargo, las funciones jurídicas y administrativo- financiera de estas entidades deben ser realizadas por personal de carrera de la administración pública. De esa manera, se busca resguardar al gobierno y la credibilidad pública, al asegurar la legalidad y la controlabilidad de los fondos públicos y la coherencia legal de sus proyectos legislativos.

b) Las Entidades de Fiscalización son las instituciones encargadas de velar porque las entidades productivas o de servicio, públicas o privadas, cumplan con las legislaciones sectoriales establecidas. (Superintendencias de Valores y Seguros, Bancos, Electricidad y Combustibles, etc.). Se rigen por estatutos propios con personal especializado y sujetos de una carrera funcionaria. Sus máximos directivos deberían ser escogidos entre los funcionarios más antiguos del rango superior y ser independientes del Gobierno, aunque removibles por causas justificadas legalmente.

c) Las Entidades o Servicios Estatales responden a tareas de servicio al Estado y a la población de carácter permanentes (FFAA, Policía, Registro Civil, etc.). Son organizaciones especializadas e insustituibles por entidades privadas. Sus estatutos le asignan sus funciones y su personal especializado cumple una carrera funcionaria.

Sus máximos directivos deberían ser escogidos entre los funcionarios más antiguos del rango superior y deben ser independientes del gobierno de turno, aunque removibles por causas justificadas legalmente.

d) Entidades de Investigación y Docencia: son instituciones académicas y profesionales destinados a desarrollar actividades de investigación de interés y de preparación de los recursos humanos especializados para las tareas del Estado y también para áreas de interés público. (Academia Diplomática, ANEPE, etc.)

e) Entidades de Producción y Servicios: son empresas o establecimientos que producen bienes o servicios que similarmente pueden ser provistos por el sector privado, pero que por razones históricas, sus objetivos estratégicos, o por su negativa rentabilidad privada permanecen bajo propiedad estatal.(Hospitales, Liceos, Codelco, Enami, etc.)

f) Entidades de promoción: son instituciones destinadas a impulsar el desarrollo de determinadas actividades de interés cultural, educacional, social o productivo. (Corfo, Indap, Prochile, etc.)

g) Entidades de Asistencia Social: estas instituciones tienen por objetivo ayudar directamente a los sectores más pobres o desvalidos del país, para aliviar sus situaciones de necesidad y también a mejorar sus condiciones de vida permanente.(Corporación Asistencia Judicial, JUNAEB, Fosis, etc.)

En un plazo razonable, se requiere ir fusionando funciones repetidas, que compiten y duplican el uso de recursos, suprimiendo algunos ministerios y entidades.

 

DIVISIÓN GEOGRÁFICA

Mirando al 2010, la actual organización del Estado debe evolucionar desde el concepto de regionalización plasmado en la realidad tecnológica y de recursos de mediados de los ‘70 a uno de descentralización propio de la e-gestión, la amplia disponibilidad de telecomunicaciones, Internet, las autopistas y las conexiones áereas. Para ello es necesario redefinir el rol y número de regiones y fortalecer el rol de los municipios y de los servicios públicos nacionales.

Considerando sus zonas de influencia, y potencialidades, identificamos 6 macro-regiones: Norte Grande, Norte Verde, Macrocentro, Central Sur, Sur, Austral

Para ello se propone en un proceso de transformación gradual, crear 6 Superintendencias macro regionales, que partirían coordinando las actuales intendencias. Paralelamente se eliminarían los gobernadores provinciales y en un período de 2 a 4 años los actuales intendentes, mientras simultáneamente se fortalecen el rol de los alcaldes y la capacidad de gestión de los Municipios, así como la de los Servicios Públicos responsables por funciones de interés nacional.

Las macro-regiones, como entidades administrativas, deben tener objetivos propios y específicos. No deben competir en las mismas tareas con los municipios, sino complementarse. Por lo anterior, debe diferenciarse el rol de los superintendentes, considerando prioritariamente en sus funciones:

• Relaciones exteriores: relación con zonas de países limítrofes, especialmente considerando la proyección Atlántico – Pacífico, velando por la integración física, las facilidades administrativas y la cooperación empresarial.

• Integrador inter-comunal: de carreteras, ferrocarriles, sistemas portuarios y aeroportuarios

• Ser cabeza de un Consejo Consultivo Regional formado por Senadores, Diputados, Alcaldes y Directores Regionales de Servicios Públicos.

ROL DE LOS MUNICIPIOS

El Alcalde debe fortalecerse como líder de su comunidad, prestador de los servicios comunales y responsable de la seguridad ciudadana en coordinación con Fiscales Locales, Jueces, Policía, Superintendentes y el Ministerio del Interior.

El Consejo Municipal debe funcionar como un Directorio-Controlador de la gestión municipal y para una administración profesional, debe contarse con un Gerente Municipal, como ejecutor de la aplicación de planes nacionales y locales y proveedor de servicios comunales y de desarrollo social.

Además, un Agente Coordinador de la Participación Ciudadana y un Agente Comunal de Desarrollo Productivo, deberían cumplir roles claves para facilitar el desarrollo social y el económico de la comuna.

La figura del Alcalde Mayor debería ser obligatoria para ciudades compuestas por varias comunas y también para ciudades conurbadas que requieren una gestión urbanística coherente entre ellas.

Atendiendo a la diversidad del país, también se debe reconocer la necesidad de Alcaldes Rurales para comunas de baja densidad poblacional y dónde predomina población campesina o indígena.

SERVICIOS PÚBLICOS

El fortalecimiento de los servicios públicos, en general, debe dirigirse a lograr una mayor cobertura nacional, con estructuras adecuadas y modernas, contar con directivos de carrera, incrementar fuertemente su profesionalización, y desarrollar planes nacionales, aplicados a las realidades regionales y locales, con servicios combinados con los municipios.

En suma, para mejorar la calidad de la

administración pública es deseable:

• Fortalecer las responsabilidad que deben asumir los distintos niveles del liderazgo social y de la administración del Estado y no centrarlas sólo en la Presidencia.

• Eliminar la duplicación de competencias, entre gobierno, legislativo, judicial, intendencias, municipalidades,

servicios públicos y entre las labores político-institucionales versus las tareas operativas y de fiscalización propias del Estado profesional.

• Descentralizar la toma de decisiones y aumentar la participación de la ciudadanía en la resolución de los problemas que le atañen.

• Lograr que el Ejecutivo y los alcaldes trabajen en equipo, independientemente de los partidos que representen.

• Proteger el prestigio de las autoridades y del sistema democrático, asignando la responsabilidad por las funciones operativas a los niveles que corresponda.

• La descentralización y la delegación a privados permite ganar adaptabilidad y eficiencia, pero requiere una contraparte estatal altamente capacitada y con sistemas de incentivos y controles muy claros.

• Para el Estado y su Gobierno, la legalidad y transparencia son valores superiores al de la eficiencia económica; por lo tanto, es crítico limitar su operación.