En la actualidad, el panorama referente a los municipios es, a lo menos, contradictorio. Esto porque junto con ser el nivel de gobierno más cercano a las personas, son los que menos reciben las políticas descentralizadoras del gobierno central, pues la mayoría de ellas llega hasta el nivel regional. Este simple hecho es uno de los detonantes de la poca inversión en gestión que se desarrolla en las Municipalidades, por ello nos queremos referir a la poca descentralización existente.

En primer término es necesario plantear el fundamento de la demanda de descentralización municipal; en lo que respecta a este punto podemos encontrar, a mi juicio, una serie de hechos que visualizo como gatillante de esta necesidad. Primero, la importancia que han adquirido los gobiernos locales o comunales, debido a los cambios que se han desarrollado en nuestra sociedad y en nuestra idiosincrasia. Esta importancia que tienen los gobiernos locales radica en aspectos tan fundamentales como: la información, la escolaridad, las prioridades y una nueva concepción de los problemas públicos, todo lo cual se encuentra comprobado por la experiencia internacional. Los aspectos antes mencionados son, sin duda los más trascendentes a la hora de efectuar un análisis referente a la importancia que poseen los gobiernos locales, sin embargo en también necesario hacer mención de un punto fundamental que se aproxima más al aspecto personal de la relación entre el gobierno y los gobernado, el punto al que nos referimos es el sentido de pertenencia o identidad que se genera con todo gobierno, en este caso, con el comunal. Es necesario que exista un vínculo más cercano entre la Municipalidad y los habitantes de la comuna, vale decir que este órgano al ser el más próximo a las personas, requiere de un sistema de descentralización más efectivo que el resto de los órganos de gobierno dado su naturaleza más de carácter paternalista. Ya que las personas de una comuna determinada, por ejemplo buscan como es evidente un “apoyo” o una resolución de problemas en este organismo por ser el más cercano, esta situación genera por ende la necesidad de un sistema menos centralizado a la hora de resolver o atender las necesidades, por cierto legítimas de las personas.

Este sentido o sentimiento se crea, mantiene y fomenta con una gestión a la altura de las necesidades de la comunidad; en ese sentido, dando solución a sus problemas, transparentando la propia gestión y haciendo participe a la comunidad local se avanza en esa dirección. Se gobierna mejor, se crean lazos Municipio-comunidad, es decir, observamos una pseudo “alianza estratégica” a favor del desarrollo local.

Para lograr lo anterior y, a la vez, como consecuencia de ello, surge la información, la escolaridad, nuevas prioridades, una nueva concepción de lo público y una “nueva” urbanización. Estos hechos y, principalmente, su importancia, se encuentra comprobada en la experiencia internacional.

Información: el mundo actual, y la sociedad, depende en gran cuantía de la información disponible para lograr sus múltiples y variados objetivos; esta información asimilada y aplicada por la sociedad, la comunidad o los electores implica un conocimiento cabal de los elementos de juicio necesarios para participar de las decisiones. Estos conocimientos se canalizan en las presiones por participar activamente de la toma de decisiones en el mundo de la política, específicamente, en el ámbito local.

Con esto no pretendemos limitar el alcance que en las sociedades modernas tiene la información; sin embargo, específicamente al tema que nos convoca, es innegable que la información ha sufrido procesos de masificación y diversificación, en donde más gente esta informada, y al tener más puntos de vistas, las verdades absolutas no son legitimas, es lo que llamamos “diversificación de la información”. Este proceso trae como consecuencia, a nivel de gobierno local, que se piensan políticas enfocadas a lo mismo, pero que se llevan a la praxis de modos diferentes. Este conflicto activa la idea de participación, en cuanto al “yo” individuo informado que sé como aplicar tales políticas y con que matices hacerlo.

Escolaridad: en el mismo sentido de la información, la escolaridad desde los años 70 hasta hoy ha crecido a una tasa gigantesca, duplicándose el nivel de escolaridad promedio en menos de 30 años[1]. Este hecho concatena los mismos hechos que relaciona el punto interior: una creciente presión por participar de las decisiones políticas y, en una primera instancia, locales.

Debido al mayor acceso a educación que existe en estos tiempos, es factible –y deseable- que la mayor cantidad de gente este capacitada para participar de los procesos decisorios, y en donde esta competencia goza de una mayor legitimidad es en el ámbito local, pues es el contexto que el ciudadano mejor conoce, en donde mejor se puede desenvolver, y en donde mayor soluciones puede entregar.

Junto con lo anterior, tampoco se pretende limitar el alcance de la educación; pero, así como la información, son fenómenos que, per se, gatillan la participación o la motivación para hacerlo.

La educación también actúa en el largo plazo, sembrando en el individuo la idea de participación sistémica o la exclusión de ella, aún cuando la exclusión sistémica es un modo de participación cívica; por tanto, la educación, como hecho y como fenómeno, trasciende el efecto directo relacionado con los contenidos básicos para ser participe de procesos decisionales; también de forma más indirecta incide en la participación y en la naturaleza de ella.

Prioridades: cuando hablamos de prioridades nos referimos a que en la sociedad actual, las prioridades están dadas por los problemas concretos de las personas. Hoy, la comunidad pretende que las discusiones y el debate público giren en torno a la búsqueda de soluciones a sus problemas, los que siempre tendrán la demanda de solución más cercana en el Municipio; ergo, desde este punto de vista también se le asigna una importancia creciente al ámbito local.

Concepción de problemas públicos: en el mundo actual se torna demasiado difusa la línea divisoria de los asuntos públicos y su definición resulta cada día más compleja, lo anterior sustenta que los problemas públicos son mucho más variados y tienen una multidisciplinariedad de enfoques. Esta diversidad y los distintos escenarios en que se desenvuelve cada comuna no puede ser solucionada por un gobierno central, pues en contraste con el gobierno local que conoce la realidad y esta más cerca de esos problemas, el gobierno central actuará de una manera más burocrática e ineficiente.

Urbanización: entendida como el fenómeno que va creando los polos de desarrollo y de hacinamiento colectivo. En ese contexto, con el desarrollo de este proceso, cada “urbanización” tiene la necesidad de autogobernarse; por ello, mientras la población se urbanice y no se ruralize, más trascendencia, relevancia e importancia tendrá el gobierno local.

Este fenómeno, “ha desbordado las capacidades estatales y llamado a la emergencia de los poderes locales y especialmente de los gobiernos urbanos como actores principales del desarrollo”.[2] Esta frase es reafirmada por Prats cuando dice que “las ciudades (comunas) y sus gobiernos locales están emergiendo como actores crecientemente relevantes de la gobernabilidad no sólo local, sino nacional y global. Ello se debe a que las ciudades son el espacio donde a nivel micro y mezo se concentran todos los desafíos de la gobernabilidad de nuestro tiempo: es la ciudad la que debe asegurar las condiciones mínimas de seguridad, libertad, oportunidades y dignidad humana, mediante la garantía de los servicios esenciales sin los que no puede producirse el espacio público ni el sentido de pertenencia; es la ciudad (comuna) la verdadera escuela de participación cívica democrática, tanto en el proceso político como en la movilización para la asunción social de responsabilidades colectivas; es la ciudad la que debe crear el entorno infraestructural, cultural y cívico para que florezcan la innovación, la eficiencia, el aprendizaje permanente y la competitividad; es la ciudad el espacio principal de la lucha contra la exclusión, la marginación y la violencia, así como de impulso y experimentación de nuevas formas de promoción y de solidaridad social. En las ciudades (comunas) podemos hallar todas las “dramatis personae” de la gobernabilidad de nuestro tiempo. Los desafíos urbanos son desafíos locales pero que se dan a nivel global y constituyen temas innegables de la agenda global”[3]

Experiencia Internacional y evidencia empírica: esta experiencia da cuenta de, junto con comprobar de hecho la importancia adquirida por los gobiernos locales, la hace manifiesta en el campo de la alta política, a nivel de gobierno central y de Estado. Estas afirmaciones encuentran su base en la ascensión a cargos de Jefe de Gobierno de candidatos que estaban sustentados por su gestión alcaldicia, como el caso de Jaques Chirac en Francia, y más localmente con el popular liderazgo de Joaquín Lavín después de su gestión alcaldicia en Las Condes.

Por otra parte, la evidencia empírica aconseja la descentralización, pues, un estudio realizado por Huther y Shaw (1998) para el Banco Mundial da cuenta que a mayor grado de descentralización del gobierno aumenta la calidad del mismo.

Tabla 1

Correlación entre Nivel de Descentralización y Calidad del Gobierno

INDICADORES	COEFICIENTE DE CORRELACIÓN
Participación Ciudadana
Libertad Política	0.599
Estabilidad Política	0.604
Orientación del Gobierno
Eficiencia Judicial	0.544
Eficiencia Burocrática	0.540
Ausencia de Corrupción	0.532
Desarrollo Humano
Índice de Desarrollo Humano	0.369
Distribución del Ingreso	0.373
Manejo Económico
Independencia del Banco Central	0.327
PIB/Deuda Pública	0.263
Apertura de la economía	0.523
Índice de Calidad del Gobierno	0.617

Fuente: Huther y Shaw, (1998).

Resulta casi obvio plantear que mientras más descentralizado este el gobierno central, mejor calidad tendrá el gobierno; de hecho, cuando la ciudadanía posee atribuciones para participar de las decisiones del gobierno central, este gobierno actuara condicionando por esas necesidades, el resultado será un gobierno que llevara a cabo políticas y medidas en estricta concordancia con las preferencias planteadas por la comunidad.

Si bien todos los puntos anteriores son el fundamento y/o verificación de la importancia de los gobiernos locales, estos deben estar legitimados por su gestión y en ese contexto juegan un rol preponderante las tecnologías. Para tener una gestión realmente exitosa y que sea plausible evaluarla positivamente por parte de un electorado cada día más exigente –por los motivos antes descritos- los gobiernos locales deben ofrecer, aplicar y gestionar de manera exitosa las tecnologías de información. Las soluciones informáticas de gestión interna redundaran en una buena evaluación de los propios funcionarios como de la comunidad beneficiada, por ejemplo, el acceso a Internet entrega mejores servicios a la sociedad, fortalece la participación ciudadana y constituye un elemento fiscalizador en contra de la corrupción.

La transparencia y participación también son herramientas de gestión poderosísimas para satisfacer a la comunidad local, generando un sentido de pertenencia ciudadano-gobierno local; este sentido no será una mera visión idealista, cuando por medio de la gestión del gobierno local –en distintos ámbitos- logra crear en el ciudadano una identidad respecto a cada gobierno.

Si bien es cierto, el fenómeno de la identidad es mucho más visible en gobiernos regionales europeos; la tendencia de los gobiernos locales es la misma, pues la globalización, como fenómeno inevitable, “ha creado fuerzas para contrarrestarla, una de ellas es la tendencia a la creación de comunidades locales autogobernables centradas en negocios locales”[4]

Al margen de los fundamentos señalados, la propia bibliografía del tema nos habla de estos fenómenos como hechos gatillantes o catalizadores de la transformación del rol, y con ello la importancia, de los gobiernos locales. Al respecto, Ottón Solís nos dice que entre las condiciones que catalizan la necesidad de una transformación profunda en las relaciones de poder a favor de las comunidades locales se pueden mencionar las siguientes[5]:

Multiplicidad de los problemas: el proceso de desarrollo esta acompañado por un aumento en el número de problemas que deben resolverse colectivamente. Mientras que hace algunas décadas los retos principales cuya solución adquiría el calificativo de bien público, se limitaban, por ejemplo en las áreas rurales, a la construcción de vías públicas, hoy los temas relativos al ambiente, el hacinamiento urbano, la seguridad, la drogadicción, el acceso a la educación y la salud, la igualdad de genero, el desarrollo tecnológico, la eficiencia del estado, la reducción de la pobreza y la indigencia, entre otros, se han generalizado. La posibilidad de que instituciones públicas desde el nivel central resuelvan al menos parte de esos problemas es minúscula. De ahí que sea necesario especializarlas en aquellas tareas que sólo se pueden llevar a cabo centralizadamente, cediendo responsabilidades a los niveles locales de gobierno y a las comunidades.

Complejidad de los problemas: los retos que acompañaban al desarrollo no sólo son más numerosos sino que también más complejos. El desarrollo tecnológico que acompaña el progreso humano demanda niveles de especialización crecientes. El funcionario público debe hoy estar capacitado para sumir responsabilidades cada vez más complejas. La división del trabajo es el corolario inevitable de esa especialización. En este sentido se maximiza la eficiencia y la eficacia en el cumplimiento de las tareas de naturaleza pública, si los entes centralizados se desligan de todas aquellas que pueden ser llevadas por instancias locales.

Incremento de capacidades locales: el progreso humano no solo aumenta la cantidad y complejidad de los problemas sino que paralelamente esta acompañado por un mejoramiento en las capacidades al nivel local. La relación problemas/capacidades para solucionarlos, mantiene su balance en el proceso de desarrollo. De ese modo la necesidad de que las instancias centrales se desliguen de la toma de decisiones en relación con los problemas de la localidad con el fin de enfrentar los retos de la especialización y de la batalla por la competitividad internacional, está virtuosamente acompañada por un incremento en las posibilidades de que las comunidades enfrenten exitosamente muchos de sus retos.

Aspiraciones de las comunidades y los individuos a ser sujetos y no solo objetos de la acción pública: el incremento en las capacidades locales y el mejoramiento en el acceso a la educación y la información que ocurren a la par del proceso de desarrollo, así como la percepción de que las instancias centrales no pueden ocuparse efectivamente de sus problemas, inducen a los individuos y comunidades a demandar un papel activo en las decisiones que afectan su calidad de vida. De esa manera la relación mencionada en el punto anterior entre problemas y capacidades, también garantiza su balance por el deseo de las localidades de asumir mayores responsabilidades en relación con su progreso.

Consecuencias

Ahora que ya conocemos cuales son algunos de los fundamentos de la necesidad de descentralización hasta el ámbito local, es posible aventurar algunas de las consecuencias que este proceso, o la falta de el, generan tanto en el Municipio como en la comunidad.

En la actualidad y en nuestro país, el proceso de descentralización local no ha tenido el ritmo esperado; quizá el antecedente más gráfico es el de la reforma que permitió la elección democrática de Alcaldes y Concejales, pero de eso ya han pasado más de 10 años.

En el último tiempo, específicamente en 1999, el Ministerio del interior, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) implemento el Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal –PROFIM-, concebido como un “programa de gobierno que contribuye a mejorar la gestión de los municipios y la calidad de los servicios que éstos prestan a sus vecinos. Su finalidad es asistencia técnica y financiera a los municipios, para que éstos formulen y ejecuten proyectos que les signifiquen aumentar sus capacidades humanas, financieras y técnicas, para que cumplan de una manera más eficiente su rol social.”[6]

Actualmente se está aplicando el PROFIM 2, dirigido a otros Municipios y focalizados en los siguientes itemes[7]:

Plan de Desarrollo Comunal

Plan Estratégico Municipal

Desarrollo Organizacional

Mejoramiento Gestión Financiera

Plan Estratégico de Desarrollo Económico

Asociativismo

Innovación.

Nombramos este programa por ser el primero que logra algo de efectividad dentro del gobierno local de un modo integral. Históricamente, la labor municipal se limitaba a políticas de asistencialismo bastante acotadas; sin embargo, la evolución de la sociedad y de las demandas comunitarias junto a programas como el nombrado –PROFIM– han servido para cambiar de una forma positiva el modo de gestionar el municipio y la forma de relacionarse con la comunidad, aún cuando es común percibir y comprobar el asistencialismo todavía esta presente en la gestión local. El asistencialismo, si bien ha disminuido, es una practica acostumbrada dentro de los gobiernos locales nacionales.

El PROFIM y su objetivo no es algo generalizado y puede ser visualizado como “la excepción que confirma la regla”, pues salvo lo nombrado no existe una real intención de invertir directamente en el gobierno local, mediante fondos que puedan ser ejecutados por discrecionalidad municipalidad.

El panorama real es que, siendo las Municipalidades el nivel de gobierno más cercano a las personas, se otorga más discrecionalidad y más recursos al nivel regional; de hecho, un tercio del total nacional de inversión pública de decisión regional es equivalente a toda la inversión pública municipal. Es decir, de toda la inversión pública que se realiza, ya sea regional o local, el 25% corresponde a inversión de decisión municipal y el resto queda a discrecionalidad regional y se decide a nivel de Intendencia.

A modo de ejemplo, podemos citar los casos de la región de Bio-Bio y de Magallanes. En el primer caso la inversión de decisión municipal respecto de la regional es de un 0,89%[8]; mientras que en el segundo la inversión comunal representa un 2,428% del total regional.[9]

Con estos antecedentes, es fácil imaginar los problemas de priorización de las municipalidades respecto a su gestión y de las áreas a mejorar, tanto desde el punto de vista institucional o interno, como del punto de vista de la gobernabilidad o externo.

Las consecuencias más graves y visibles debido a este fenómeno dicen relación con: casi nula inversión en tecnologías de información, mayor preocupación asistencialista que una planificación integral e institucional, nula visión de la municipalidad como organización, sobre valoración del municipio como instancia de resolución de problemas

poca inversión municipal en tecnologías de información

En el escenario actual, recién en los últimos años la implantación de tecnologías de información ha adquirido una importancia real dentro de la gestión municipal; esto, sin embargo, no significa que estas tecnologías estén disponibles, aplicadas o integradas a la gestión Municipal; por el contrario, recién se ha avanzado de dotar de Internet a los Municipios (no todos) y de que cada uno de ellos sea capaz de tener a sus unidades en red. (en una muy baja cantidad)

Una encuesta realizada por la Subdere en el marco del SINIM a 292 Municipios, concluyo los siguientes resultados[10]:

GRÁFICO 1

El 65% de las Municipalidades tiene a más de 1 funcionario por pc; es decir, de cada 100 Municipios, en 65, el acceso a un pc no esta garantizado para todo el personal. De hecho, las cifras se pueden ver todavía peor si consideramos que un 24% de las Municipalidades no entregaron datos al respecto.

GRÁFICO 2

Un 16% de los computadores de los Municipios no están en red; lo que se puede ver aumentar a un 30% si tomamos en cuenta a quienes no entregaron datos. Por otra parte, el 49% de los Municipios tienen entre 1 y 50 computadores en red. Es decir, casi el 80% de los Municipios no tiene más de 50 computadores en red.

GRÁFICO 3

Si bien es cierto, casi la totalidad de los Municipios encuestados poseen conexión a Internet, lo que llama la atención es que existe un 3% de Municipios que no tienen esa conexión. Esto, en la práctica significa que existe un 3% de Municipalidades que funcionan literalmente aisladas; si bien el porcentaje no es relevante, si lo es el hecho en sí.

GRÁFICO 4

Acá podemos ver que, contando con la conexión a Internet, un 42% de los Municipios la basa en conexión por modem, que es la conexión más lenta y económica del mercado. Este hecho por sí solo avala y comprueba la poca inversión que se hace en estos temas y la restringida capacidad para visualizar a los recursos de tecnologías de información como un instrumento eficaz de gestión.

GRÁFICO 5

Este es un dato preocupante, pues, aun cuando un 96% de los Municipios tiene conexión a Internet, sólo un 46% de ellos posee página web. Con esto se revela que Internet es una herramienta que sólo es usada como algo interno al Municipio, pero no como un instrumento que facilite tramites a la comunidad, no siquiera para informar; pues más de la mitad de los Municipios ni siquiera posee una página web propia.

GRÁFICO 6

Se comprueba lo inferido en el gráfico anterior, sólo un 5% de las Municipalidades encuestadas ofrecen algún tipo de servicio mediante la web. Es decir, de cada 100 Municipios, sólo 5 usan las tecnologías de información para hacer más fácil los trámites a la comunidad; dicho de otro modo, sólo un 5% de los Municipios incide en la gobernabilidad local a través de medios informáticos.

Después de ver las cifras respecto a la realidad tecnológica municipal, puede asaltar la duda respecto a la situación actual de nuestro país en materia de descentralización de recursos. Para ello, lo mejor es revisar esta situación comparada con otros países de organización unitaria.

TABLA 2

Participación de niveles de gobierno locales como porcentaje del Gasto del Gobierno General

	GOBIERNO CENTRAL	GOBIERNO LOCAL
Países Industriales
Bélgica	85.9	11.9
Francia	82.2	16.5
Holanda	70.1	29.9
Noruega	66.4	33.6
Suecia	59.8	40.2
Reino Unido	70.9	27.2
Países en Desarrollo
Hungría	77.8	22.2
Polonia	71.7	28.9
Israel	90.8	9.2
Tailandia	92.3	7.7
Chile	93.8	6.2

Fuente: Teresa Ter-Minassian, FMI, 1997.

Claramente se puede apreciar que nuestro país exhibe un bajo nivel de descentralización, ya sea comparándolo con países desarrollados o con países de un nivel de desarrollo similar.

Por esto mismo y debido a la naturaleza de sus funciones y de los recursos disponibles, las Municipalidades deben apelar a una excelente gestión para dar soluciones a los problemas y para generar los recursos necesarios para ello. En ese sentido, pocas Municipalidades realizan inversiones en gestión que en el mediano y largo plazo redundaran en una ahorro; por el contrario, al no apreciar tangiblemente este ahorro, muchas Municipalidades optan por no realizar estas inversiones, por lo que no hay ahorro, se retardan las soluciones a los problemas comunales y, como corolario, aumenta la brecha entre distintos Municipios.

Por ese escenario es que la mayoría de los Municipios se ven en la necesidad de llevar a cabo sólo políticas asistencialistas, sin establecer criterios de solución a mediano plazo. Además, por el hecho de que los Alcaldes son electos democráticamente, muchas veces cuando estos están en épocas de campaña, prometen acciones que en nada tienen que ver con sus competencias, generando expectativas en la población que no se correlacionan con la labor alcaldicia y sus atribuciones. Estos hechos generan que la demanda de soluciones integrales no pueda ser satisfecha por la Municipalidad, lo que nos lleva de vuelta a lo anterior: se opta por desarrollar políticas asistencialistas; esto lo apreciamos en materia de empleo, de subsidios, subvenciones, salud, etc.

Por ejemplo, al revisar el Sistema Asociativo de Buenas Experiencias Replicables (SABER), dependiente de la Asociación chilena de Municipalidades, podemos apreciar que estas buenas experiencias no dicen relación, en su totalidad, con abordar la solución de problemas de manera integral. Dentro de SABER, encontramos[11]:

4 experiencias de planificación comunal, 5 sobre la formulación del plan de desarrollo económico, 1 sobre planificación territorial y 1 sobre desarrollo organizacional; es decir, experiencias que enseñan a la Municipalidad a realizar lo que deberían saber hacer, y que no dicen relación con experiencias enfocadas hacía la comunidad.

Una experiencia capacitando sobre el acceso a la justicia, 1 sobre asociatividad, 1 sobre educación, 1 sobre cultura, 1 sobre salud y una sobre desarrollo sustentable. Estas son las únicas experiencias que dicen relación con el usuario externo, con la comunidad. Aun así, ninguna de ellas esta concebida como solución, sino más bien como una capacitación sobre un tema determinado; es más, ninguna de ellas ataca los fundamentos de algún problema, simplemente aclara conceptos a la comunidad.

5 experiencias sobre como realizar folletos para optimizar la atención de usuarios. Si bien esto está enfocado a la comunidad, no es una experiencia que vaya a dar solución a un problema relevante, en cantidad o calidad, a la comunidad local. De hecho, no representa un problema real si lo comparamos con otras necesidades más demandadas por la misma comunidad local.

Estas experiencias, si bien pueden resultar necesarias, dejan de manifiesto la poca visión que tiene el propio Municipio respecto del mismo como una institución y organización. Son casi inexistentes las “buenas experiencias” que dicen relación con el fortalecimiento institucional del Municipio, en áreas de gestión, recursos humanos, automatización de procesos, etc.

Creemos que debido al carácter asistencialistas de las medidas municipales no se percibe el fortalecimiento institucional como una herramienta de gobernabilidad hacia la comunidad local, haciendo más eficientes los trámites y los servicios, así como respondiendo más ágil y rápidamente a las necesidades y emergencias.

Ahora bien, junto con afirmar que es deseable una mayor descentralización, una ampliación de la capacidad discrecional de los municipios frente a los recursos y un alza en los recursos entregados desde el gobierno central al gobierno local, también debemos plantear el marco en donde estos hechos se deben desarrollar.

Anteriormente, junto con demostrar la poca participación del gobierno local respecto del gasto efectivo del gobierno central, se observa que la comunidad tiene una alta percepción del municipio como una institución corrupta. A esto han ayudado casos resonantes mediáticamente, que si bien no dicen relación con actos corruptos propiamente tales, si hablan de una mala gestión, como el nivel de deudas de la Municipalidad de Valparaíso y La Serena e incluso, se han visto casos en donde se ha puesto en duda el grado profesional de Alcaldes, llegando incluso a afirmar que un Alcalde era analfabeto.

Una posición seria respecto al tema de los gobiernos locales y la descentralización, inevitablemente nos llevara hacia mayor descentralización, pero con fiscalización. Pero esta fiscalización para que sea consecuente con las políticas descentralizadoras de participación, transparencia y empowerment hacia la comunidad, debe estar entregada al ciudadano, y para ello, el ciudadano debe contar con los instrumentos para llevar a cabo esa función.

Es por eso que afirmamos que junto con este impulso descentralizador que planteamos, creemos que se debe avanzar en materias de fiscalización y transparencia municipal. En la actualidad, las Municipalidades rinden un control interno y otro externo. El primero dice relación con la propia unidad de control del municipio y con la labor fiscalizadora que realiza el Concejo Municipal; por otra parte, el control interno lo lleva a cabo la Contraloría General de la República, institución que informa de posibles irregularidades sólo al Concejo. Al margen de estos mecanismos, hay un tipo de control “mixto”, pues a solicitud de la mayoría del Concejo Municipal se puede encargar una auditoria externa al Municipio, conformando una herramienta bastante útil, aunque poco usada.

Al leer lo anterior, “vemos que existe un mal diseño respecto a ejercer eficientemente el papel contralor. Por una parte, la Contraloría General de la República debería emitir los informes de una manera pública, dirigidos principalmente a la comunidad y no secretamente a los miembros del Concejo. Este hecho crea un manto de duda respecto a las Municipalidades; en cambio, si todo fuera conocido por la comunidad habría más certeza respecta a la forma en que operan de las autoridades locales.

Una segunda observación es la exigencia que se hace, respecto a que sea la mayoría del Concejo el quórum necesario para encargar una auditoria externa; esta exigencia hace que, en la práctica, no se permita una adecuada fiscalización cuando las mayorías del Concejo provienen de la misma coalición política que el Alcalde.

Sin medidas fiscalizadoras que doten de funcionalidad a las políticas descentralizadoras, seguramente el “remedio será peor que la enfermedad”. En el día de hoy, con este esquema de fiscalización, las Municipalidades tienen el segundo lugar en corrupción[12], ranking que se podría ver empeorado si las políticas descentralizadoras no van ligadas a medidas de transparencia y fiscalización, pues no se debe perder de vista que toda acción debe propender a satisfacer a la comunidad, a proteger al ciudadano, al vecino.

La comunidad no sabe lo que se hace o no al interior de cada Municipio, no se conocen las acciones planeadas, las desechadas ni las emprendidas por las respectivas autoridades; y si es que se llegasen a conocer, no hay certeza ni información sobre los gastos asociados (viáticos para Alcalde o Concejales, costos de cursos de capacitación, eventos municipales, publicidad municipal, etc.). Sin ir más allá, la cuenta pública que cada Alcalde está obligado a rendir una vez al año, no permite inferir ni determinar si su gestión ha sido eficiente, ni los mismos costos asociados a cada medida dentro de su administración.

Debido a lo mismo, un elemento técnico que se hace necesario para avanzar en esta transparencia es conocer los costos unitarios de las diferentes medidas para evaluar la gestión; esto se debe hacer con una metodología homogénea y estándar para todos los Municipios, de modo que no existan asimetrías metodológicas que deslegitimen un resultado u otro. Sin embargo, para lo anterior, es vital cambiar el actual sistema contable municipal, pues este debe estar basado en un sistema de centros de costos; esta modificación permitiría desagregar los distintos costos y discriminar mejor la asignación de los recursos. Se necesita de “mayor transparencia en la ejecución de los presupuestos, entregando un mayor y más completo nivel de detalle tanto de sus ingresos como de sus gastos a través de un informe que sea comprensible para la comunidad local””.[13]

También se pueden plantear mecanismos automatizados e informáticos que, con bajos costos, permitan empoderar a la comunidad, haciéndola participe directa de las decisiones, involucrándola en el gobierno local o, simplemente, para brindarle un mejor servicio. Este hecho, lleva implícita a la transparencia, pues mientras más partícipe sea la comunidad, más democrática será una decisión, y más transparencia tendrá ese gobierno, sea local o central.

Es un deber moral cambiar el actual modo de gestión y desarrollo, en donde cuando existen déficit económicos relevantes y el escenario financiero municipal es catastrófico, recién ahí la ciudadanía se logra enterar de la gestión realizada por sus autoridades.

Mientras la comunidad no conozca la efectividad y el impacto de las distintas acciones llevadas a cabo por el Municipio, seguirán los incentivos a implementar una gestión corrupta o populista, altamente ineficiente, pero que a las autoridades les reportará un alto beneficio electoral; es decir, se hipoteca la situación institucional del Municipio por un beneficio propio, o sea, se vulnera la ley, pues se anteponen los intereses personales a los intereses generales. Sin embargo, nadie lo aprecia así. Esta situación se puede apreciar con hechos concretos, 201 son los Municipios endeudados en nuestro país[14], es decir un tercio del total.

Los Municipios, aún contando con los recursos que tienen han tratado de llevar a cabo políticas a favor de la comunidad, las que generalmente, como hemos visto, son de un tinte asistencialista. Pero estos Municipios también tienen una alta cuota de responsabilidad en su situación, pues, salvo unas pocas excepciones, han sido incapaces de visualizarse a si mismos como una organización, como una institución, y con base en eso, comenzar a generar políticas más integrales.

Culturalmente se cree que todo lo que se haga internamente no repercutirá en el entorno. Falso. Los paradigmas modernos acerca de instituciones representativas nos hablan de que el actuar de la respectiva institución es el más poderoso instrumento para atender a quienes así lo requieran. Dicho de un modo más específico, el municipio, aún dando a lugar a las peticiones de mayor descentralización y transparencia, no ha sido capaz de potenciar a la comuna desde el fortalecimiento del municipio, se ha negado a transparentar sus acciones a la comunidad y no ha percibido que la visión y gestión interna – en donde incluimos a la transparencia- es el más potente instrumento de las soluciones externas.

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[14] www.quintanoticias.en.cl, en base a informaciones de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, en donde manifestaba que los Municipios más endeudados son Valparaíso, Ovalle, La Serena, San Miguel y Quinta Normal.