Eduardo Engel*
 
Pocas semanas atrás el senador Alejandro Navarro presentó, una vez más, un proyecto de ley que copia una ley tipo disponible en Wikipedia, enciclopedia de libre acceso en internet. Nadie le exige al honorable que redacte un proyecto partiendo de cero, pero uno esperaría un mínimo esfuerzo adaptando legislaciones existentes a la realidad chilena. Y no es que el senador no cuente con recursos para financiar asesores que preparen dicha adaptación.
 
Además de un sueldo bruto que excede los 5 millones de pesos mensuales, cada senador recibe mensualmente 5 millones adicionales para financiar gastos de oficina y personal que apoye su labor legislativa. Desgraciadamente la página web del Senado no publica detalles sobre cómo se gastan estos recursos, por lo cual resulta prácticamente imposible para los ciudadanos fiscalizar su uso.
 
¿Asesores legislativos o de imagen?
 
Lo que está claro, eso sí, es que nuestros legisladores consideraron insuficientes los montos asignados para pagar asesores, por lo cual a mediados del año pasado optaron por destinar los recursos que se liberaron luego del fin de los senadores designados a contratar más profesionales que apoyen su labor legislativa. Hubo iniciativas loables, lideradas por el senador Sergio Romero, para asegurar que dichos recursos contribuyeran efectivamente a un mejor trabajo legislativo. Por desgracia, estas iniciativas fracasaron y en la actualidad cada senador dispone de 25 millones de pesos anuales para pagar servicios profesionales sobre temas que no son de conocimiento público y cuyos eventuales informes tampoco se conocen.
 
Eso sí, mes a mes se publica en la página web del Senado los nombres de los profesionales contratados. Abundan los periodistas, que pueden ser buenos asesores de imagen, pero cuya especialidad no son las materias legislativas. Por ejemplo, la senadora Evelyn Matthei financió a Paula Afani, periodista que participó en el comando de Joaquín Lavín el 2005, haciendo noticia cuando anunció que haría revelaciones sobre el pasado de Michelle Bachelet que evitarían su victoria electoral. No exactamente una experta en temas legislativos. Mención aparte merece el senador Nelson Ávila, quien reconoció ante las cámaras de televisión haber utilizado estos recursos para contratar abogados que lo defendieran ante un eventual desafuero. ¿Será posible transparentar el uso de los más de tres mil millones de pesos con que cuentan anualmente los senadores para contratar servicios diversos, eliminando dicha asignación cuando un honorable no la utiliza adecuadamente? 
 
Declaración patrimonial: ¿pública o secreta?
 
A fines del 2005 se promulgó, finalmente, la Ley 20.088 que establece como obligatoria la declaración jurada patrimonial de bienes a las autoridades que ejercen una función pública. Esta ley debiera frenar el enriquecimiento ilícito y dejar al descubierto conflictos de intereses, lo cual limita la influencia desmedida de ciertos grupos sobre la agenda legislativa. Cuando a fines del 2006 la Corporación Participa pidió copia de las declaraciones patrimoniales de los senadores, el Senado contestó que se debía concurrir personalmente a Valparaíso. Este tipo de cortapisas dificulta enormemente que esta legislación cumpla su objetivo. ¿Será posible que las declaraciones patrimoniales se publiquen en la página web del Senado, junto al currículum de cada senador?
 
Contra la libertad de prensa
 
Gracias a columnas de Fernando Paulsen y Carlos Peña nos enteramos la semana pasada de que un grupo transversal de senadores (Cantero, Girardi, Ominami y Pizarro) presentó un proyecto de ley que contempla la pena de cárcel para quienes “descubran secretos” o “vulneren la intimidad de otros sin su consentimiento”. De aprobarse esta ley, se terminará de un plumazo con el incipiente rol que ha tenido la prensa nacional denunciando abusos de quienes detentan el poder. Porque, casi por definición, las denuncias de enriquecimiento ilícito o conflictos de interés que afectan a parlamentarios vulneran la intimidad del afectado al divulgar, sin su consentimiento, secretos bien guardados. ¿Persistirán los senadores en promover una legislación que los protege del escrutinio público?
 
¿Ante quién rinden cuenta los senadores?
 
El principal rol del Senado es concurrir a la formación de las leyes, contribuyendo en el proceso a que los recursos públicos se gasten bien. Para tener derecho moral a realizar esta importante labor, los senadores debieran partir por gastar bien los recursos propios, actuando además con seriedad en materia legislativa. La evidencia presentada sugiere que en el caso de varios senadores, tanto de la Alianza como de la Concertación, esto no está sucediendo. La agenda anticorrupción anunciada por la presidenta Bachelet a fines del 2006 incluye varias medidas que contribuirán a resolver los problemas planteados, partiendo por la creación del Instituto de Promoción de la Transparencia. Es importante retomar esta agenda.  
 
Autor del comentario*Eduardo Engel es Profesor de Economía de la Universidad de Yale.