Últimamente en política, mucho se ha hablado sobre lealtad y traición; se ha condicionado a algunos parlamentarios mediante esos apelativos para que sus votos no sean distintos a las decisiones que el Gobierno a planteado. Es decir, el Ejecutivo se quiere poner sobre el Legislativo mediante supuestos “chantajes valóricos” en donde la calidad de lealtad esta dada por el grado de adhesión a las posiciones del Gobierno.      

Curiosamente, esta “cuestionable” actuación ha sido legitimada por miembros del mismo Parlamento; es así como Soledad Alvear y Camilo Escalona -ambos Senadores y Presidentes de sus respectivos partidos- han continuado con estos amedrentamientos, desnaturalizando el verdadero rol que tienen los cargos de representación popular.

Ante estos hechos, vale la pena preguntarse, al servicio de quien debe estar la lealtad de nuestros parlamentarios?, ¿la primera obligación de los Senadores es con sus partidos, con el Gobierno o con los ciudadanos y su país?... Según las acciones del Gobierno y de la mayoría de la Concertación, esta lealtad debe estar al servicio de sus propios intereses, pues antes de cualquier cuestionamiento, argumentación o raciocinio lógico, lo que importa es el voto o la adhesión a la acción gubernamental.

El Gobierno interpreta como una deslealtad el que algunos de sus parlamentarios se hayan mostrado en contra de la inyección de U$290 millones, o los cataloga de traidores al querer vincular la autorización de los recursos a una evaluación en la gestión; por otro lado, esta tratando de culpar a la oposición por una posible y potencial alza de las tarifas en el pasaje del Transantiago, entonces, ¿el Gobierno no es responsable de nada?

El Gobierno “chantajea” al Alcalde Peñalolen al notificarle que si se oponen a la Planta de Metrogas, ellos serán los culpables ante un eventual racionamiento energético, o más aún, le trasladan el problema directamente a el -y con ello a la comunidad- acerca de las alternativas de acción en caso de que se corte el suministro de gas desde Argentina. Entonces, ¿el Gobierno no es responsable de nada?.

En ambos casos, el Gobierno trata de trasladar sus culpas hacía terceros que nada tienen que ver; trata de que los costos por sus pésimas decisiones las asuman otros, y no contentos con eso, se atreven a basurear a todo aquel que ose llamar las cosas por sus nombre y poner las cosas en su lugar.

En el caso del Transantiago, el Gobierno no asume ninguna responsabilidad política y sigue sin escuchar propuestas alternativas. Continua con la intención de inyectarle más recursos a un sistema que ya esta muerto y al que toda la población lo reprueba... y con el agravante de que pretende que no haya una relación vinculante entre la asignación de esos recursos y el cumplimientos de metas; sin embargo los desleales, traicioneros y antipatriotas son aquellos que, en vez de estar con el Gobierno han optado por defender a la ciudadanía.

En el caso de Metrogas, el Gobierno ha autorizado la construcción de la Planta aún cuando no se ha aprobado el estudio de impacto ambiental; no se ha considerado la especial topografía de la zona, la inestabilidad del terreno que se agrava en el Invierno con la lluvia; de hecho, la camioneta 4x4 de la Contraloría que fue a revisar el lugar se volcó, debido al pésimo camino y acceso que existe, sin embargo se pretende que por allí transiten camiones con gas. Tampoco se ha tomado en cuenta que a 100 metros de esta “futura Planta” existen Jardines Infantiles y esta el Sendero de Chile. Es más, la Planta ya cuenta con una autorización de construcción y funcionamiento.... pero en la zona Industrial de Puente Alto, entonces ¿porqué se hace en Peñalolen?... y aquí llegamos a otro asunto.

En ambos casos, es el Gobierno quien haciendo uso del chantaje político, de las presiones indebidas y del matonaje partidario (recientemente acusado por el diputado Enríquez Ominami) para que autoridades que deben responder a sus electores olviden ese mandato y comiencen a responder al Gobierno. Pero lo que es más grave, es que el Gobierno, a través de estas actuaciones, le esta “cuidando el negocio” a los privados. El Gobierno esta presionando a autoridades parlamentarias y municipales para que ciertas empresas privadas (Operadores del Transantiago y Metrogas) no tengan perdidas y puedan reducir sus costos... y eso es lo impresentable.

El Gobierno de la Concertación y sus partidos, pretenden aparecer con una cierta “superioridad moral”, catalogando a otros de traidores y desleales, sin darse cuenta que están cayendo en una corrupción generalizada al máximo nivel, pues ahora ya son ministros de Estado los que están haciendo un lobby para que a estas empresas les vaya bien, mediante presiones a que se apruebe la asignación de U$290 millones y una Planta de gas en Peñalolen.

La lealtad de las autoridades electas esta, en primer lugar, con la ciudadanía, no con los partidos. En ese contexto, el Gobierno debe ceder en su interés de favorecer a ciertos intereses corporativos y escuchar más a la ciudadanía, escuchar a esa misma gente que decidió colocarla en el poder, pero no para decir quien es o no es leal, sino para solucionar sus problemas; porque si de deslealtades se trata, al Gobierno le convendría detener su marcha y mirarse un poquito el ombligo.