La situación, que amenaza con convertirse en una espiral sin fin, puso en alerta al equipo jurídico de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, entidad que está promoviendo la creación de una ley que permita a las familias endeudadas declararse en quiebra, tal cual lo hacen las empresas. Según Stefan Arenas, presidente de ODECU, en otros países esta ley funciona. No obstante, en Chile es difícil pensar que prospere, por lo menos a corto plazo, aunque ya algunos parlamentarios han acogido la iniciativa. De hecho, el senador Pedro Muñoz (PS) presentó en enero una moción que establece un procedimiento destinado a enfrentar el sobreendeudamiento de particulares a través de la mediación, en primera instancia, y la fórmula judicial en caso de no llegar a avenimiento con los acreedores, en segundo lugar. Coincidente con la propuesta de ODECU, la iniciativa según Muñoz, consiste en "dar lugar a una especie de quiebra civil, parecida a aquella de que disponen los comerciantes, como existe en Francia, Alemania y otros países".

 ¿Y LOS ABUSOS? 

Stefan Arenas opina que toda nueva legislación puede crear espacios para el aprovechamiento. "Tiene que perfeccionarse con el tiempo, pero en principio la ley se protege de eso, en el sentido de que la persona que está insolvente no puede declararse en quiebra así no más. Se homologa en parte la ley de las empresas y por lo tanto en este caso el Estado, el síndico -pongámosle ese nombre- tiene que indagar si realmente la persona está insolvente. Si es así, queda inhabilitada para tomar todo tipo de crédito durante una cantidad de años de acuerdo con la deuda que tenga. Pero la persona va a pagar sí o sí. Lo que pasa es que frente al acreedor queda en una situación que lo empodera en su capacidad negociadora". Acota que hoy el problema es que la posición del deudor es complicada y el acreedor es quien lleva la batuta. "Por lo tanto, de lo que se trata es de crear un nivel de equilibrio entre las partes. Pero ese equilibrio no implica que la persona que debe no vaya a pagar". 

Más que por los abusos posibles a raíz de esta ley, el senador Naranjo está preocupado por el sobreendeudamiento de los jóvenes que acusó la encuesta del Instituto Nacional de la Juventud. "En las propias instituciones financieras, cuando uno quiere abrir una cuenta corriente, sacar tarjeta, a gente que tiene ingresos estables, la tramitan de seis meses a un año y le piden un sinnúmero de antecedentes. En cambio, con quienes están recién iniciando sus estudios profesionales, obviamente carreras que tienen una alta rentabilidad, como medicina e ingeniería, con ellos sí que están dispuestos a arriesgarse". Por eso Naranjo presentó un proyecto que modifica la Ley 19.628 sobre Protección a la Vida Privada. La idea: impedir la divulgación, en Dicom y en el Boletín Comercial, de las deudas contraídas por estudiantes y otras personas que no tengan ingresos demostrables al momento en que las casas comerciales o instituciones financieras, a sabiendas, otorgan créditos, cuentas corrientes o tarjetas de crédito. El proyecto señala que cuando se ofrezcan créditos a personas que no tienen cómo justificar ingresos, a la hora de entrar en morosidad, quien asume esa responsabilidad sea quien prestó los recursos.

Coincidentes, los analistas argumentan que para frenar esta espiral de endeudamiento en las familias chilenas se debe exigir una actitud responsable de parte de las instituciones financieras; además, una mayor educación de los jóvenes y la sociedad en general en temas de finanzas personales. Sin duda, un buen campo a explorar para economistas e ingenieros comerciales.

Stefan Arenas recalca como una de las situaciones que empeora el problema del endeudamiento de los chilenos el que haya normativas que no se cumplen. “De acuerdo con la ley, hoy no existe el registro histórico, por lo tanto, si pago tengo que salir del Dicom. Eso no se cumple, tenemos muchos casos en ODECU de gente que a pesar de haber pagado sus deudas sigue figurando. También si se llega a un acuerdo con el banco de pagar las acreencias en determinado tiempo, la persona tiene que salir del registro de deudores porque ya tiene una relación con el acreedor donde hay un pacto firmado, legalizado, observado por un tercero. Esa persona tiene derecho a no estar en Dicom.